EL RIESGO DE LA DESVIACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS EN MÉXICO

Las Fuerzas Armadas son la institución con mejor reputación entre la población mexicana. De acuerdo con datos del INEGI publicados en 2025, el 87.5% de la población tiene percepción favorable de la Marina, 84.0% de la Fuerza Aérea, 83.1% del Ejército y 72.5% de la Guardia Nacional. 

La gran confianza en los cuerpos castrenses se sustenta en la imagen que proyectan de patriotismo y compromiso con el pueblo de México, así como en el aprecio social a sus labores de combate al crimen organizado y asistencia a la población en casos de desastres naturales. Sin embargo, actualmente los cuerpos militares desempeñan múltiples tareas del gobierno de México que, hasta hace no mucho tiempo, eran responsabilidad de las autoridades civiles: desde labores policiales, de investigación e inteligencia, hasta la construcción de infraestructura pública, seguridad y administración de aeropuertos, puertos, aduanas, así como algunos programas sociales.

El creciente involucramiento de las Fuerzas Armadas en tareas civiles ha generado inquietud en algunos sectores, que advierten el riesgo de que los cuerpos castrenses pierdan su esencia al desviar su misión principal de defensa hacia funciones de seguridad pública, prestación de servicios a la población y construcción y administración de infraestructura.

El proceso de militarización y “desviación” trae consigo diversos riesgos tanto para los propios cuerpos castrenses como para la estabilidad y la economía de México.1 Sin embargo, el involucramiento de los militares en labores tradicionalmente asociadas al gobierno civil ha sido gradual; ha avanzado progresivamente a lo largo de muchos años. Durante la época del “PRI clásico” (1940-1970), las Fuerzas Armadas realizaban labores de contrainsurgencia y mantenimiento de la gobernabilidad, así como funciones de mediación entre el gobierno federal y los poderes regionales. A finales del siglo XX, los cuerpos castrenses continuaron con dichas funciones y también se involucraron en el combate al crimen organizado con cada vez más fuerza y especialización. 

A finales del gobierno de Vicente Fox (2000-2006), el involucramiento de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado creció y durante la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012) se intensificó. Las razones que llevaron al presidente Calderón a intensificar la militarización de la seguridad pública fueron múltiples: algunas de tinte ideológico, otras de naturaleza estratégica y varias más de respuesta a la coyuntura del momento.

Entre finales del sexenio de Fox y principios del gobierno de Calderón, ocurrieron cambios en el mercado global de las drogas que incentivaron el fortalecimiento de los grupos criminales en México, como el viraje de las rutas de tráfico de drogas ―del eje Colombia-Caribe-Estados Unidos al camino Frontera Norte de México-Estados Unidos―, aumentos en los precios de la cocaína y otras sustancias ilícitas, así como el alza en la demanda de drogas sintéticas. 

Asimismo, diversos cambios en la legislación y el mercado armamentista de Estados Unidos facilitaron el acceso de los grupos criminales mexicanos a armas de alto calibre. Además, los “profesionales de la violencia” — como exguerrilleros sudamericanos y centroamericanos, pandilleros deportados desde Estados Unidos, así como exmilitares y expolicías mexicanos —  fueron sumándose a las filas de los cárteles, fortaleciendo su capacidad de fuego. 

Finalmente, acuerdos locales de gobernabilidad, que se gestaron durante la época del PRI entre autoridades gubernamentales y grupos criminales a fin de minimizar la violencia, se rompieron con las alternancias electorales de fines del siglo XX y principios del XXI. Esto incentivó los enfrentamientos violentos entre grupos criminales por el control de plazas, rutas y mercados.2

Hasta aquí los factores objetivos que llevaron al presidente Calderón a tomar la decisión de valerse de las Fuerzas Armadas para combatir al crimen.3 Sin embargo, también hubo razones ideológicas, como el paradigma internacional de la “guerra contra el terror y contra las drogas” impulsado desde Washington por el presidente George W. Bush, y la idea del presidente Calderón de que había que imponer el Estado de derecho en México por la fuerza.4

Pese a diversos cambios en la estrategia de seguridad y con menor énfasis retórico, el presidente Peña Nieto (2012-2018) mantuvo a las Fuerzas Armadas como un pilar en el combate a los grupos delictivos. Esta decisión respondió, principalmente, a las capacidades casi militares de los grupos criminales para ejercer la violencia, así como a la expansión de las organizaciones delictivas a otros mercados ilegales, como la trata de personas, múltiples esquemas de extorsión, lavado de dinero y huachicol. 

Sin embargo, durante todo este tiempo ―1940-2018―, el involucramiento de las Fuerzas Armadas en labores ajenas a la seguridad pública y la seguridad nacional fue menor. Quizá la excepción era el apoyo de los cuerpos militares en tareas de respuesta y atención a desastres naturales. 

Fue el presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) quien involucró a las Fuerzas Armadas en un gran número de labores tradicionalmente civiles: un cambio de sus misiones. La construcción de obra pública ―incluyendo los proyectos insignia del gobierno federal, como el Tren Maya y el Aeropuerto Felipe Ángeles― fue una de las principales funciones de los cuerpos militares y buena parte de lo que explica el aumento en el presupuesto destinado a las corporaciones castrenses, el cual pasó de 151 mil mdp en 2018 a 437 mil mdp en 2024.5 Además, las Fuerzas Armadas adquirieron recursos adicionales por medio de figuras como fideicomisos y negocios públicos ―aerolíneas, trenes, aeropuertos, aduanas―, los cuales son poco escrutables.6

Otras labores civiles en las que el presidente López Obrador involucró a las Fuerzas Armadas fueron la limpieza del sargazo en las playas,  vigilancia de la entrega de distintos programas sociales, apoyo al programa Sembrando Vida, distribución de medicamentos y libros de texto, así como contención de la migración. Además, si bien el presidente López Obrador impulsó un cambio en la estrategia de seguridad pública, las Fuerzas Armadas continúan como el pilar del combate al crimen organizado, por medio de la recién creada Guardia Nacional, compuesta y comandada por elementos militares, que hoy esta adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional.7

CITAS

1. Al respecto, consúltese: Integralia Consultores, “La militarización en México. Hacia la consolidación de una Política de Estado 2006-2022” (septiembre 2022).
2. Al respecto, véase: Sandra Ley y Guillermo Trejo, Votos, drogas y violencia (Ciudad de México, Debate, 2022). 
3. Consúltese: Alejandro Hope, “Violencia 2007-2011. La tormenta perfecta”, Nexos (noviembre de 2013).
4. Para más información sobre este tema, consúltese: Jacques Coste, Derechos humanos y política en México: La reforma constitucional de 2011 en perspectiva histórica (Ciudad de México: Instituto Mora/Tirant Lo Blanch, 2022). 
5. México Unido Contra la Delincuencia, “El negocio de la militarización: Opacidad, poder y dinero” (2024).
6. Integralia Consultores, “La militarización en México. Hacia la consolidación de una Política de Estado 2006-2022” (septiembre 2022).