LA ECONOMÍA POLÍTICA: PERSPECTIVAS
Por: Rolando Cordera Campos. Profesor emérito, Facultad Economía UNAM; coordinador del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo; miembro titular del Seminario de Cultura Mexicana; colaborador semanal de los periódicos El Financiero y La Jornada.
“Para 2025, la Cepal estima que el PIB de México aumentará un 1.2%, en términos reales, debido, principalmente, a la desaceleración económica en los Estados Unidos y a la incertidumbre de la llegada de inversiones y del entorno internacional, particularmente en la parte comercial”. (El Economista, 01/1/25).
Expectativas que se han ajustado a la baja por instituciones privadas y multilaterales: el promedio de la encuesta Citi Banamex pasó de 1.6% a 1.5% para 2024, y a 1% para este año. El FMI estima una tasa de 1.4% para este año. De confirmarse estos porcentajes, la primera mitad del sexenio nuevamente tendrá un crecimiento menor al 2 por ciento.
Entre bravatas y debilidades
Malas cifras y de poco aliento para una sociedad y un gobierno que buscan renovarse y afirmarse dentro de la convulsa constelación mundial que nos ha dejado un “híper globalización” que muchos ven en retirada. Ahora, luego del ascenso al poder imperial, así llamado por propio decreto, hay que sumar las bravatas y decretos del nuevo presidente, así como, en primerísimo lugar, nuestras propias debilidades y cabos sueltos.
A manera de gran suma de nuestras fragilidades podríamos decir: una ya larga postración estatal que ha debilitado fiscalmente al Estado, pero, también sus relaciones con la sociedad. Un débil dinamismo productivo y una amplia, y compleja, informalidad laboral que absorbe poco más de la mitad de la ocupación (59%), pero cuya contribución al PIB es casi una cuarta parte (24.8%, el más alto registrado desde 2003). Un cuadro económico y social complejo, dominado por tendencias de estancamiento y conflicto social, sin que hoy pueda apreciarse un cause político con capacidades para modular esas y otras contradicciones.
Mejora social, ligada al mandato constitucional
Sin duda, hay que destacar y celebrar, los aumentos al salario mínimo, pero a la vez reconocer que siguen siendo insuficientes para mejorar las condiciones de vida conforme al mandato constitucional. Actualmente, se estima que un 35.1% de la población ocupada no recibe los ingresos suficientes para adquirir una canasta alimentaria, lo que los coloca en la categoría de “pobres laborales”, una situación relacionada, de manera directa, con la estructura y dinámica de nuestro mercado laboral: trabajos precarios, mal remunerados y con pocas perspectivas de mejora.
Inversión pública
En cuanto a la inversión pública, ésta se encuentra en un punto muy bajo: pasó de un 5.7% del PIB (2016) a 3% (2018,) y se proyecta un penoso 2.8% para 2025. Además, la falta de una programación sostenida del gasto, más allá de los criterios de estabilidad a corto plazo, dificulta el trazo de un camino claro para el desarrollo económico.
Construir nuevo curso de desarrollo
Esta situación que, ciertamente, podría verse modificada por el Plan México e iniciativas por el estilo, que, en buena medida, buscan modificar el funcionamiento de las cadenas de valor, incrementar la inversión extranjera directa (IED) de los actuales 39 mmd a 100 mmd para 2030; elevar la proporción de inversión respecto al PIB a partir de 2026 (25% para llegar a 28% en 2030) e impulsar el llamado nearshoring. También, reactivar la banca de desarrollo y fortalecer el apoyo a las MiPyMEs, promoviendo su participación en cadenas de valor globales. Todo un paquete dirigido a recuperar una dinámica económica abandonada por décadas, pero sin lo cual difícilmente puede hablarse de desarrollo.
Más allá de los alcances que puedan tener el Plan México y el propio Plan Nacional de Desarrollo, así como los impactos negativos emanados de los dislates presidenciales implantados en los Estados Unidos como forma principal de hacer política, lo que México necesita es imaginar y construir un nuevo curso de desarrollo.
Un cambio de rumbo, de verbo y talante público y comunitario, local y regional, capaz de recuperar el dinamismo de una sociedad que por muchos años ha sufrido las inclemencias de las crisis globales sin recibir las compensaciones de un crecimiento más alto y sostenido que el registrado.
Crecimiento sostenido y sustentable
Apostar por un crecimiento sostenido y sustentable, respetuoso y protector de la naturaleza, que se acompañe de procesos regionales de transformación de la estructura productiva; aumentar la inversión pública como una de las herramientas primordiales para la promoción del desarrollo; regresarle al Estado la capacidad de identificar, financiar y ejecutar proyectos de inversión, son quehaceres imprescindibles e inaplazables, tanto como poner en los primeros lugares en la mesa del orden político, el siempre pospuesto expediente de la reforma hacendaria que, en nuestro caso tendría que empezar por su dimensión tributaria para avanzar a la programación del gasto público y finalmente a la planeación económica y social, un mandato constitucional poco frecuentado por políticos, empresarios y gobernantes.
Repensar la protección social
También, cumplir con el mandato constitucional y atender, de manera integral, la protección social, más allá de los apoyos monetarios. Empezar a reconocer los grandes vacíos, carencias y frustraciones que hoy acosan nuestro sistema de salud que, junto con la educación, son los magnos temas donde México puede plantearse objetivos mayores de innovación, equidad y modernidad.
Reconstruir el Estado social
No me parece misión imposible apostar por retomar la senda del crecimiento con bienestar social; crecer, desarrollarnos, y redistribuir mejor los frutos del esfuerzo colectivo. Tener una economía pública fuerte y flexible, capaz de afrontar sus enormes déficit y saber (re)crear las condiciones que nos permitan aprovechar las nuevas circunstancias internas y externas.
Para decirlo pronto: reconstruir el Estado para que sea un Estado social, de derecho y derechos. Un Estado saludable política, institucional y fiscalmente, legitimado, capacitado para promover consensos y acciones cooperativas entre sectores y grupos sociales, garante de un acuerdo nacional de y para los mexicanos.
No es ésta una ingenuidad de año nuevo, es posible pensar(nos) en la adversidad sin renunciar a la ambición histórica de ser una nación justa y democrática.
