Parto de una tesis que, aunque es polémica, constata su veracidad conforme los días transcurren, tiene que ver con el enorme desajuste económico mundial, cuyo origen es Estados Unidos y su condición como imperio hegemónico, lo cual genera cambios estructurales comerciales y financieros en una gran cantidad de naciones, México por supuesto no está exento de ello.
Las Fuerzas Armadas son un pilar fundamental del Estado mexicano, su historia es un reflejo de la evolución del país, y la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) ha sabido adaptarse al expandir sus misiones para responder a los objetivos nacionales. Desde enfrentarse a desastres naturales ―a partir del fatídico desbordamiento del Río Pánuco en 1966 y convertirse en la mayor institución de protección civil en el país―, hasta coordinar campañas masivas de vacunación en la reciente pandemia; su capacidad de adaptación es innegable.
Las Fuerzas Armadas son la institución con mejor reputación entre la población mexicana. De acuerdo con datos del INEGI publicados en 2025, el 87.5% de la población tiene percepción favorable de la Marina, 84.0% de la Fuerza Aérea, 83.1% del Ejército y 72.5% de la Guardia Nacional.
El constitucionalismo mundial se caracteriza, entre otros postulados, por el establecimiento de límites a las actuaciones de los órganos del Estado.
En el núcleo del cambio más silencioso —pero también más profundo— dentro de las Fuerzas Armadas de México, se encuentra una generación de mujeres excepcionales cuyo perfil neuroconductual revela no solo brillantez, sino una arquitectura mental orientada a la estrategia y la transformación institucional. No solo han alcanzado grados inéditos, sino que lo han hecho a través de disciplina cerebral, temple operativo y resiliencia estructural.
El constitucionalismo mundial se caracteriza, entre otros postulados, por el establecimiento de límites a las actuaciones de los órganos del Estado. Al llevar a cabo la lectura de cualquier texto donde este sistema queda establecido, es posible encontrar un conjunto de preceptos mediante los cuales se prevén y garantizan los derechos humanos, división de poderes, facultades específicas de cada órgano de gobierno o regulaciones de conducta de los particulares, entre otras cuestiones.
