La vorágine del día a día impone a toda nación un reto esencial: mantener la mirada en el porvenir, en el corto, mediano o largo plazos. Si existe una institución que comprende a cabalidad esta premisa son el Ejército y la Armada.
En ese sentido, todo lo que acontece en el ámbito económico genera indicadores y tendencias que permiten anticipar rendimientos además de resultados del cúmulo de actividades productivas. El comportamiento de las finanzas públicas debiera, en consecuencia, ser un catalizador que incentive el crecimiento a partir de una comprensión integral e interrelacionada tanto de lo que ocurre dentro del país como fuera de nuestras fronteras, lo cual es un factor adicional que impacta permanentemente el desarrollo del país.
Sin embargo, el hecho de que formemos parte de la economía global no implica que deleguemos algún tipo de culpa o responsabilidad sobre la alteración de las cadenas productivas internas a una potencial incidencia de fenómenos externos ―conflictos bélicos o desastres naturales impredecibles―. México no puede, bajo ninguna circunstancia, ceder la iniciativa para mejorar condiciones de emprendimiento libre, sostenible y con visión social.
Pero quizá lo más importante es que nuestro país ―la administración federal en turno y la sociedad― debe prescindir urgentemente de una batalla que libramos al menos desde hace dos décadas, agudizada durante los dos últimos sexenios, y que es absolutamente pírrica, por lo divisiva que ha resultado “La ideología” proyectada por el gobierno vigente versus la resolución práctica de las diversas problemáticas regionales y nacionales.
Sin duda, lo que guía actualmente a las políticas públicas en México es una ideología, una amalgama de doctrinas, creencias y supuestos sobre el papel del Estado y la función pública que arroja un amasijo de decisiones cuya única orientación es aquello que esté dentro de los márgenes del discurso oficial, sin importar las consecuencias de un equívoco o el grado de improvisación que detona círculos viciosos, menos aún las evidencias razonables de un error, hay un concepto fundamentalista de mantener una ideología que supone mantenerse en el poder, cueste lo que cueste.
El sesgo de las acciones que ejecuta la Federación, al que se han sumado los poderes de la Unión, Congreso y la Suprema Corte de Justicia, se acompaña de una ausencia preocupante de autocrítica, un nuevo marasmo burocrático y la negación de todo disenso.
Esa base ideológica anula por tanto cualquier ventaja del pragmatismo, pues no se contempla en ningún sentido. Y no puede argumentarse que no hay referentes que han hecho del pragmatismo una práctica benéfica en lo económico, social y político: el caso de China es notable, Vietnam e India podrían ser otros dos modelos.
No olvidemos que el pragmatismo ―la preferencia por lo práctico o útil― es una forma de neutralidad operativa que no estigmatiza, politiza la serie de medidas y decisiones esenciales que buscan mejorar las condiciones de vida de las diferentes comunidades en cada uno de los estados de la República. No se trata, tampoco, de abjurar de los principios de convivencia, garantías individuales ni valores comunes ―libertad, justicia, equidad―, sino de abocarse a la resolución propositiva e incluyente de los conflictos que merman la cotidianidad y, por ende, la civilidad y productividad.
La corrupción, así como la inseguridad persisten en México en niveles muy altos, lejos de contenerlos, el régimen carece de estrategias efectivas que contrarrestan la ilegalidad, desvío de recursos y delincuencia galopante, además de que mina a la menor provocación tanto la conversación pública como el debate constructivo, eludiendo el presente al azuzar las sombras del pasado e imponiendo narrativas ajenas a los dilemas verdaderos del país. De nuevo, si hay una institución que sabe lo que es el pragmatismo para resolver escenarios complejos, son las Fuerzas Armadas.
La inmediatez no se atiende ni se enmienda con frases ni discursos; sobran ejemplos de ello. Basta asomarse a lo que viene el año próximo en el ámbito económico para constatar que el cambio de rumbo dejó de ser una opción y comienza a imponerse como una exigencia.
De acuerdo con la información generada por la empresa mexicana Consultores Internacionales, S.C.®, las estimaciones de crecimiento del PIB de México para el año 2026 se sitúan entre 0.8 y 0.9%, no muy lejanas del pronóstico con el que cerrará el año 2025, que oscila entre el 0.4 y 0.5%.
Si se considera aparte que el “Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que el PIB mundial aumentará 3.2% al cierre de 2025 y 3.1% en 2026 y que para las economías avanzadas prevé un crecimiento de 1.6% tanto en 2025 como en 2026, mientras que para las economías emergentes proyecta expansiones de 4.2% y 4.0%, respectivamente, aunado a que específicamente para Estados Unidos anticipa un crecimiento de 2.0% para 2025 y 2.1% para 2026; para China, de 4.8% y 4.0%; y para México, de 1.0% y 1.5% en los mismos años”, es evidente que nuestro país tiene un rezago profundo. Vamos lento en crecimiento y desarrollo, tanto en aprovechamiento de ventajas como oportunidades.
Los cuestionamientos que el actual gobierno mexicano debe plantearse ―a más de un año de haber comenzado― no es cuánta más ideología, sino ¿cómo atajamos las carencias en educación y salud?, ¿vamos a cercenar la iniciativa individual que hay detrás de todo emprendimiento?, ¿qué Estado de derecho estamos construyendo para garantizar la certeza, la equidad, la legalidad y la justicia?, ¿cómo impulsamos los motores del crecimiento?
Una de las estadísticas revisadas a detalle por Consultores Internacionales S.C., es el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) con información del INEGI, el cual “presentó una disminución mensual de 0.6% en agosto, respecto a julio de 2025, mientras que a tasa anual no mostró variación”, mientras que el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) en septiembre anticipó un decremento anual de 0.6%. Estas señales generan inquietud e incertidumbre para el 2026, sin contar otros factores que retratan un avance muy limitado de la economía, como la inflación general anual, que podría ubicarse en un rango de entre 3.87% y 3.98 %, mientras que la inflación subyacente se mantendría entre 3.84% y 4.04%, pero incluso un mayor promedio de desocupación, la reducción de los ingresos por remesas recibidas desde el extranjero o una balanza comercial y una cuenta corriente deficitarias, menos ingresos por petróleo y un balance presupuestario negativo ―más gastos que ingresos―.
A la luz de lo anterior, cabe preguntarse: ¿hasta qué punto la carga ideológica se ha convertido en un lastre para la economía nacional? ¿ese talante ideológico forma parte del problema y no de la solución? ¿cuánto inhibe el diseño de mejores estrategias de desarrollo—como la promoción integral del turismo, los acuerdos políticos internacionales de alto nivel, la presencia del país en el escenario global, la proyección de una imagen cultural sólida, la creación de mecanismos de eficacia gubernamental, la administración pública orientada a resultados, los proyectos productivos y de inversión de largo plazo, los estudios de prospectiva, o el combate y la disuasión de la violencia, la inseguridad y los hábitos de corrupción?
Si dejamos de tener inversión tanto pública como privada, equilibrio fiscal, recursos netos por divisas, consumo agregado, productividad, uso eficiente de los recursos, Estado de derecho, educación, salud, tecnología, uso legal, así como responsable de inteligencia artificial además de garantías de estabilidad social, el futuro inmediato luce desconsolador. Ello repercute directamente en el ánimo de la población, en todos los sectores y segmentos. La negligencia, así como el oprobio son el caldo de cultivo perfecto para conflictos de mayor escala, que exigirán recursos y esfuerzos.
La ideología no es visionaria, ni resuelve los avatares de la cotidianidad, no alienta ni genera movilidad social, de la misma forma que el ser pragmático no es una afrenta ni un acto de traición. Un discurso que asemeja una homilía diaria no debería soslayar nuestro porvenir, ni tampoco comprometer el presente de una nación entera.
Frente a estas realidades, queda por ver cuál será la respuesta patriótica y solidaria de las Fuerzas Armadas hacia el pueblo de México.