Cuando la política aprieta, la seguridad afloja
Para millones de personas, la inseguridad no es una estadística ni un concepto abstracto, sino una experiencia cotidiana que condiciona decisiones básicas como la hora de regreso a casa, rutas que se evitan, transporte empleado o la forma de ocupar el espacio público. La percepción de riesgo, alimentada por hechos concretos de violencia que se presentan diariamente, se convierte en un elemento central de la vida social y la seguridad pública deja de ser únicamente una responsabilidad del Estado y se transforma en una preocupación permanente de la ciudadanía, estrechamente vinculada a la confianza o desconfianza, en las instituciones encargadas de protegerla.
Idealmente, las políticas de seguridad deberían construirse como un conjunto articulado de estrategias basadas en diagnósticos empíricos, evidencia verificable y conocimiento especializado, diseñadas desde un enfoque interdisciplinario y orientadas al análisis objetivo de los fenómenos delictivos y sus causas estructurales. No obstante, la experiencia demuestra que la seguridad pública, lejos de consolidarse como un ámbito técnico y de consenso institucional, ha sido progresivamente absorbida por dinámicas políticas que privilegian la visibilidad, inmediatez y rentabilidad electoral por encima de la eficacia sustantiva de las intervenciones.
La seguridad pública no puede reducirse a una lógica meramente operativa o instrumental, se trata de un campo profundamente vinculado a las decisiones políticas, a la asignación de recursos públicos ―y de manera central―, a los pactos sociales que sostienen tanto la legitimidad institucional como la confianza ciudadana. La violencia, criminalidad y debilidad institucional no son fenómenos aislados, sino el resultado de relaciones de poder y decisiones políticas que determinan las formas, límites y actores autorizados para ejercer la coerción legítima del Estado.
En numerosas sociedades, la seguridad ha sido incorporada al debate político como eje ideológico y estratégico, en el cual los intereses partidistas tienden a prevalecer sobre las necesidades reales de la población. Los gobiernos, condicionados por los ciclos electorales, suelen privilegiar respuestas de corto plazo, altamente visibles, pero escasamente evaluadas en términos de impacto sostenido. En este contexto, las instituciones de seguridad son frecuentemente instrumentalizadas para atender problemáticas complejas cuya resolución excede con creces el despliegue de fuerza, y que requieren intervenciones de carácter social, institucional y preventivo.
El caso de México resulta ilustrativo, en la medida en que, desde principios del siglo XXI, el país ha transitado por múltiples estrategias de seguridad que incluyen la militarización de la seguridad pública, creación de cuerpos especializados de inteligencia, reformas al sistema de justicia y programas de prevención social. Sin embargo, la constante sustitución de estrategias entre administraciones, sin evaluaciones rigurosas ni procesos sistemáticos de aprendizaje institucional, ha impedido la consolidación de una política de seguridad coherente y sostenida. Esta dinámica evidencia una de las principales limitaciones estructurales de la política de seguridad: la subordinación de los intereses nacionales a las lógicas partidistas.
En consecuencia, la seguridad deja de concebirse como un bien público orientado al bienestar colectivo y se transforma en un recurso estratégico dentro de la competencia política. Cuando la ciudadanía percibe que la seguridad es utilizada con fines políticos y no como un mecanismo de protección efectiva, se erosionan los niveles de confianza institucional y normalizan prácticas de riesgo, como la justicia por mano propia, abuso de autoridad o privatización de la seguridad. Estas dinámicas representan una amenaza para la libertad, igualdad y cohesión social, además de afectar directamente la calidad democrática, al debilitar la rendición de cuentas y legitimidad del Estado.
Resulta imprescindible la consolidación de una ingeniería de seguridad ciudadana, entendida como la aplicación sistemática de principios de ingeniería, análisis de datos y gestión de riesgos para prevenir, controlar la violencia, el delito y los riesgos urbanos, que constituye una herramienta analítica, así como operativa clave para la protección de las personas y la mejora de la convivencia en el espacio público. No obstante, su eficacia depende de que las políticas de seguridad se diseñen y ejecuten con criterios técnicos, institucionales y de largo plazo, evitando distorsiones derivados de intereses políticos coyunturales.
Por lo que, es indispensable la construcción de una estrategia nacional de seguridad de carácter transexenal, con objetivos claramente definidos, indicadores verificables y mecanismos de continuidad institucional que trasciendan los ciclos electorales. Asimismo, se vuelve prioritario despolitizar a la Guardia Nacional, garantizando su actuación profesional, civil, sujeta a controles democráticos efectivos. De igual manera, es necesario reducir el uso electoral del miedo, sustituyendo narrativas alarmistas por diagnósticos sustentados en evidencia empírica y soluciones evaluables. Finalmente, se requiere avanzar hacia un esquema de menor centralización política y fortalecimiento de las capacidades locales, dotando a los gobiernos subnacionales de recursos, información y autonomía técnica para atender de manera diferenciada los problemas de seguridad en sus territorios.
Solo bajo estas condiciones la seguridad ciudadana podrá consolidarse como una política pública eficaz, sostenible y orientada al bienestar colectivo, y no como un instrumento coyuntural de control político o rentabilidad electoral.
