¿Y LA VERDADERA SOLIDARIDAD CÍVICA?
La complejidad, de nuestro país y de cada una de nuestras vidas, afronta una dualidad perniciosa de alto riesgo: LA MENTIRA Y LA PROTESTA ANÁRQUICA, que se tienden como el telón de fondo de un caudal de problemáticas en todos los órdenes. Es como una moneda de uso corriente cuyas caras, aun sin mirarse nunca, se complementan; pero, en este caso “ambos lados”, carecen de valor.
CARA
Es evidente que la mentira se ha vuelto el alimento político en México. No es un fenómeno nuevo —que en el ámbito político y otras instancias de lo público las verdades y la realidad misma sean elusivas—, pero su manifestación ha alcanzado en los últimos años, con el uso cotidiano y exponencial de la mentira desde las más altas esferas del poder legal, difícilmente tiene un antecedente similar.
¿Qué ha pasado en nuestra historia para llegar a este punto? ¿Qué factores internos y externos han determinado una realidad nacional carente de cimientos éticos o de estabilidad perdurable? ¿En qué momento dejó de tener sentido y valor el hecho de “dar o tener palabra”? Ante la incertidumbre creciente, toda certeza se vuelve sospechosa y la verdad es una mercancía devaluada. La búsqueda de hechos y razones es la antítesis de la política de nuestros días. No es casual el malestar que provoca una legislación excesiva respecto a la función de los medios de comunicación (el “derecho de las audiencias”) o las conductas que justifican la trampa y el abuso. ¿Por dónde empezar a cortar la profunda raíz de la corrupción si el más mínimo brote es ignorado o permitido?
Hemos llegado a un punto donde la recurrencia de la mentira y sus variantes (la propaganda, la ambigüedad, el discurso vacío, las campañas de desinformación o lo que conocemos como “medias verdades”) ha impulsado el desarrollo de métodos más o menos rigurosos para medirlas; basta ver los ejercicios que se implementan para detectar frases o aseveraciones de los políticos que no corresponden con hechos verificables.
CRUZ
La mentira alimenta la protesta social y la vuelve extrema. No hay día que la Ciudad de México esté libre de alguna manifestación, y así ocurre en muchas otras urbes del país. La inacción por parte de las autoridades viene de mucho tiempo atrás, al grado que es evidente la falta de voluntad para atajar esta problemática. Sin importar el origen o naturaleza de una movilización, ni la mediación entre el derecho al libre tránsito y el de manifestación, terminamos por aceptar, no sin frustración, que cualquier tipo de concentración social puede tener excesos y carecer de responsabilidades.
Un reportaje de la plataforma Reporte Índigo revela que de 2021 a 2025 se presentaron más de 25 mil manifestaciones en la vía pública en la Ciudad de México; es decir, más de 5 mil movilizaciones al año en la capital. Múltiples colectivos, maestros, familiares de personas desaparecidas, transportistas, agrupaciones de diversas causas y grupos afectados por la falta de servicios básicos (agua, luz) delatan una masa inconforme cuyas demandas no se satisfacen plenamente. Esto deja a cambio una estela de daños y perjuicios: desde la infraestructura urbana hasta la alteración de rutinas, traslados y procesos productivos. Comerciantes y una mayoría ciudadana pierden espacios de convivencia, tiempo, ingresos e incluso vidas cuando las emergencias médicas quedan a la deriva.
Nos hemos acostumbrado, además, a que en no pocas protestas se haya incrementado el nivel de hostilidad y violencia, por lo que el margen de duda entre confundir libertad de expresión con agresión impune se ha agotado. Los ciudadanos gritan y exigen respuestas desde trincheras opuestas —los que se manifiestan y los que no—, pero no las hay. Pareciera que, como una consecuencia dramática, hemos erradicado la tolerancia y la comprensión respecto a las motivaciones que orillan a un acto de protesta, de la misma manera que quienes realizan marchas y paros se tornan indolentes ante el impacto profundo que propician.
El cálculo político parte; de que es una debilidad para un gobierno aceptar una protesta social; pero la realidad es que denota una ausencia total de autoridad, afectando inclusive a los cuerpos de seguridad, locales y federales, que tienen de frente tanto las protestas, como a la ciudadanía. Un reclamo social justificado no debería ser un lastre para las expectativas que suscitan en las corporaciones encargadas en seguridad —ello incluye a las Fuerzas Armadas y Policías locales—; la prioridad tendría que ser, proteger a los derechos ciudadanos y las garantías individuales, afianzar condiciones de respeto y confianza. Sin embargo, prevalece una confusión de conceptos: no se trata de reprimir, sino de proteger. ¿Quién gana con esta confusión? ¿hay capacidad para discernir entre falta de lógica y sentido común? ¿Qué tipo de instrucción o interés político prevalece en prejuicio del orden público? Si atestiguamos el fin de la protesta como convencionalmente la conocíamos —es decir, sin violencia ni daños colaterales—, ¿qué nos queda de solidaridad cívica y la convivencia?
Más cercana a la desobediencia anárquica que a una oposición ciudadana, la protesta que hemos referido es una aberración, pero en su sentido más cívico, siempre será un indicador social que alerta la necesidad de un cambio de fondo y en la forma de decisiones políticas que garanticen estrategias de seguridad viables y razonables y ante todo, una verdadera eficacia gubernamental.
EL CANTO DE LA MONEDA
Tengamos presente a San Agustín: evitemos que la verdad engendre odio y que tengamos como enemigos a quienes la procuran. El amor a la verdad aplica, por igual, cuando resplandece, pero también cuando reprende.
Una protesta desbordada e indolente arrasa, en primer lugar, con los cuerpos de seguridad —pues no hay institución capaz de procurar seguridad ciudadana sin un mínimo de confianza social— y, en segundo lugar, con la sociedad misma, que resiente el daño colateral. No podemos dejar que el vacío de autoridad legal y representativa —el engaño impune— crezca por omisión, erosionando tanto a la ciudadanía como a las instituciones que velan por el orden y la legalidad. De la tensión entre la mentira y su falso remedio surge, sin embargo, la posibilidad de sanar la división social.
La protesta digna es una exigencia de verdad y una respuesta radical ante el oprobio de la demagogia. Es una declaración, una expresión decidida y consciente respecto a la realidad: es “aseverar con ahínco y con firmeza”, con honor. Pero no es, ni debe ser nunca, el aval de la mentira. Y ahí el Estado deberá desarrollar, a través de sus instituciones una estrategia integral orientada a erradicar la desinformación y la falsedad en ambas direcciones: de las instituciones hacia la sociedad y de la sociedad hacia las instituciones, fortaleciendo así la confianza entre las instituciones y la sociedad.
El atraso como sociedad será irreversible en el largo plazo si dejamos que sea la protesta misma —y no la ley— la que procure justicia. La ambivalencia de alto riesgo debe tener un punto de inflexión: nuestra moneda de cambio debe tener sustento en aquellos valores que aseguren la convivencia y la integridad. A NADIE CONVIENE QUE LA VIDA DEL PAÍS DEPENDA DE UN VOLADO.
BIBLIOGRAFÍA:
–https://conferenciapresidente.spintcp.com/infografias/ envipe/2011/#tabulados