LAS FUERZAS ARMADAS Y EL DERECHO DE HOY
Por: José Ramón Cossío Díaz.
“Ministro en retiro, miembro de El Colegio Nacional, profesor en El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey” @JRCossio
El constitucionalismo mundial se caracteriza, entre otros postulados, por el establecimiento de límites a las actuaciones de los órganos del Estado. Al llevar a cabo la lectura de cualquier texto donde este sistema queda establecido, es posible encontrar un conjunto de preceptos mediante los cuales se prevén y garantizan los derechos humanos, división de poderes, facultades específicas de cada órgano de gobierno o regulaciones de conducta de los particulares, entre otras cuestiones.
Considerando que la existencia y operación de las Fuerzas Armadas es fundamental para cualquier país, las correspondientes constituciones han previsto reglas puntuales para determinar lo que sus miembros pueden realizar en tiempos de paz y guerra.
Una somera revisión de las constituciones derogadas de nuestro país, revela la preocupación de otorgar a las fuerzas armadas y sus integrantes de un estatus jurídico particular, así como restricciones en su actuar. Es así como durante muchos años nuestras constituciones garantizaron el fuero de guerra, la obligación de tomar las armas en defensa de la República mediante la conscripción militar, los supuestos de declaración de guerra y las acciones permitidas en tiempos de paz.
Más allá de las mencionadas determinaciones jurídicas, las Fuerzas Armadas mexicanas han sido asignadas a un creciente número de funciones que en las prácticas tradicionales, poco tienen que ver con el antiguo concepto de la disciplina militar. Basta revisar la legislación en vigor para darse cuenta de las muchas e importantes funciones que el Ejército y Marina deben desempeñar en materia de Seguridad Nacional, sus integrantes están obligados a realizar tareas que bien podrían ser consideradas de carácter civil.
Hoy en día, soldados y marinos participan en la administración de puertos y aeropuertos, construcción de obras civiles o como lo dispone la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en todas aquellas tareas que les ordene el titular del Poder Ejecutivo Federal.
La gran cantidad de competencias que deben desarrollar las Fuerzas Armadas no se encuentran debidamente previstas en las normas del sistema jurídico mexicano. Esta afirmación es fácil de comprobar, primero, al preguntarse si todo aquello que se les ordena posee respaldo jurídico y, segundo ―en caso de que el mismo exista―, si es o no jurídicamente adecuado.
En efecto, en diversas ocasiones, no existe el soporte jurídico indispensable para justificar las actuaciones de las Fuerzas Armadas, en gran parte porque las tareas que les han sido asignadas no han quedado debidamente establecidas en las correspondientes normas jurídicas. En otros casos, se debe a la falta de un análisis adecuado que resulte en la definición de conceptos y sus connotaciones jurídicas, como es el caso de las Seguridad Nacional, Seguridad Pública y Seguridad Interior.
Es comprensible que, para quien busca desarrollar una actividad, las normas jurídicas se conviertan en obstáculos, se consideren meras formalidades o pormenores respecto de lo que se busca alcanzar. Al partir de este punto de visita, pueden darse por obvio las disposiciones señaladas en dichas normas o contradecirlas, justificándose en un fin superior, respecto del cual, los medios deben quedar subordinados.
Mientras existan normas jurídicas, persistirá la posibilidad de establecer consecuencias ante su incumplimiento. En este sentido, las autoridades nacionales o internacionales pueden considerar que los actos realizados en contravención a dichas normas deben ser anulados, junto con sus efectos, o bien sancionar a quienes los efectuaron.
Si se tiene en cuenta, la enorme cantidad de tareas que han sido asignadas a las Fuerzas Armadas en los últimos años, es indispensable llevar a cabo una revisión integral del marco jurídico mediante el cual están actuando. Al realizar tal ejercicio, se identificarán las situaciones que no tengan fundamento jurídico, sea débil o inadecuado.
Las Fuerzas Armadas de México desempeñan un papel decisivo en el cumplimiento de las funciones que sostienen la vida institucional y social del país; en especial, las relacionadas con la seguridad. Por lo que sus actuaciones deben tener el mayor y mejor respaldo jurídico para ser válidas y eficientes. Con el objetivo de que la actuación de los soldados y marinos no pongan en riesgo a las instituciones militares, ni se constituyan en un peligro para la población a la que han jurado proteger y servir.