LAS FUERZAS ARMADAS: ALGUNAS PRIORIDADES
Después de un largo proceso de revisión constitucional con el que arrancó el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, que entre otros cambios introdujo modificaciones relevantes al artículo 21 de la Carta Magna y también la definición, por parte de la Suprema Corte, del mando de la Guardia Nacional, es importante hacer un alto en el camino y revisar el papel de las Fuerzas Armadas en el nuevo entramado institucional e identificar algunas prioridades institucionales.
Es relevante, en este nuevo contexto, clarificar algunos temas y perfilar las que probablemente serán las líneas de acción del Gobierno federal.
Una de las primeras debe ser deslindar ―con contundencia― responsabilidades del alto mando, mandos superiores y mandos de unidades en uno de los asuntos más espinosos del sexenio pasado, conocido coloquialmente como “huachicol fiscal”. Este delito involucró a miembros de la Armada y fue señalado en el discurso pronunciado por el Almirante Morales, el día 16 de septiembre del 2025. En esa alocución ante la Jefa del Estado y la nación completa, se estableció que era un desafío ineludible. Queda pendiente el desahogo de todo el expediente para permitir a la Armada ver con mayor claridad su futuro y, sobre todo, restaurar en plenitud el prestigio que merecidamente ha ganado como cuerpo confiable entre la población.
Es prioritario, para tutelar el capital institucional de la República, que queden perfectamente definidas las misiones de las fuerzas armadas y su papel específico en la seguridad pública, de manera que pueda hacerse una evaluación más precisa de lo que se puede esperar de ellas y de manera muy precisa de la Guardia Nacional. Hace falta que tengamos, además de esta claridad, una serie de métricas que ayuden a acompañar el esfuerzo institucional por parte de la academia y la sociedad civil.
Me parece muy importante que las fuerzas armadas mantengan un amplio respaldo en la sociedad, porque en tiempos de altísima polarización y politización es relevante mantener a las instituciones del Estado y recordar que más allá de la competencia política, somos una nación y la unidad de todos los mexicanos es un tema que debemos cuidar todos. En consecuencia, el referente de nuestro Ejército, Fuerza Aérea, Guardia Nacional y Marina-Armada, como elementos de unidad y orgullo de todos los mexicanos, es un intangible que debemos cuidar como oro en paño.
En lo que tiene que ver con la revisión de las estructuras y misiones, me parece que habría que revisar la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos para ponerla al día en algunos asuntos que considero fundamentales.
El primero, es analizar si es conveniente mantener en la ley la figura del Estado Mayor Presidencial―artículo 15― que, aunque pausado por las decisiones políticas de los dos últimos presidentes, sigue siendo una institución que contribuyó, de manera muy relevante, a la arquitectura institucional de este país y particularmente a darle, además de seguridad, brillo y esplendor a la institución que es la clave de bóveda de nuestro sistema político: la Presidencia.
La seguridad de la titular del Ejecutivo sigue siendo un asunto latente, que por prudencia política no se retoma desde una perspectiva técnica, pero la agresión de la que fue objeto la jefa del Estado a finales del año, reabre este debate que tiene implicaciones de seguridad nacional.
El segundo, tiene que ver con incorporar la dimensión de la ciberseguridad como una prioridad institucional. Debe ser objeto de revisión y debate si se incluye como una nueva misión y colocarlo en el artículo 1º de la misma ley, o bien ubicarlo en el artículo 21, como uno de los órganos del Alto Mando, o finalmente agregar al artículo 56 que se refiere a las Armas una consagrada a la ciberseguridad. Al conjunto de armas que definen la institución, yo incorporaría un cuerpo que se dedique fundamentalmente a ese tema, hoy clave para enfrentar amenazas híbridas y también para acompañar a las fuerzas de seguridad del Estado en el desmantelamiento de las organizaciones criminales transnacionales.
También podría enriquecerse el artículo 80, que se refiere al servicio de transmisiones, y abrir un espacio a esta función. Todas las opciones están abiertas y la coalición gobernante tiene la fuerza política para procesar cualquiera de ellas.
El tercero tiene que ver con el desarrollo de los cuerpos de defensas rurales, contemplado en el Capítulo VI ―artículos 116 y siguientes―. Después de constatar durante más de dos décadas la debilidad de las policías locales en estados como Michoacán, Guerrero y otros más, es prioritario dar una solución de fondo a lo que han sido mecanismos remediales temporales, que una y otra vez regresan a la sociedad al problema original. El caso de Michoacán es paradigmático, pues en pleno 2025 tuvimos el relanzamiento de una nueva versión del Plan Michoacán que contempla una intervención federal de gran escala y el despliegue de más de 12 mil elementos federales en el terreno. Yo considero que habría que dar permanencia a ese despliegue a través de la formación de este brazo previsto en nuestra ley y aportar una solución de fondo a estas sufridas regiones.
Me parece que deberíamos determinar si es conveniente o no que las funciones que la Guardia Nacional cumple, tanto en la frontera norte como en la frontera sur, deben ser permanentes o darles el carácter temporal para salir de la crisis coyuntural que hemos vivido. No es cosa menor tratar de hacer compatible el llamado “modelo mexicano de movilidad humana” con las prioridades de seguridad fronteriza y no dejar nuevamente a las fuerzas armadas la exclusiva función de la contención, que en muchos sentidos puede interpretarse como un parche para resolver los graves problemas institucionales que arrastra este país por la debilidad del Instituto Nacional de Migración.
Finalmente, es trabajo de todos dar brillo y prestigio a las instituciones militares, que a través de su despliegue en todo el país acreditan su cercanía con la población y su profesionalismo. Es importante también, poner de relieve en estos tiempos en los que hace falta construir cuadros superiores para el gobierno federal, el valor del sistema educativo militar que aporta tantas soluciones y capital humano a la Administración Pública Federal.