Por: Julio A. Millán Bojalil.
Economista, empresario, presidente del Consejo Editorial de la Revista ARMAS, profesor del Colegio de Defensa Nacional, expresidente de los Comités Bilaterales Empresariales con República Popular China, Japón, Corea del Sur, Hong Kong y miembro de APEC.
¿Hoy en día, puede sostenerse la seguridad de un país soslayando el avance tecnológico? ¿Puede un país desgarrado por la violencia, con diversidad cultural, implementar mecanismos efectivos de pacificación, aunque que se ignoren los procedimientos tanto civiles como militares, de prevención y contención de violencia?
LA VELOCIDAD DEL CAMBIO
Partamos de una estadística que devela una realidad más compleja de lo que suele advertirse, el pasado 6 de mayo, el reporte de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de la Información en los Hogares, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía registró un alcance de digitalización en México, donde se registraron 100.2 millones de personas usuarias de internet durante el 2024, lo que corresponde al 83.1 % de la población mexicana, de seis años en adelante.
El dato refleja un incremento de 1.9 puntos porcentuales respecto al año 2023, cuando la proporción era de 81.2 %. Desde 2021, el avance ha sido de 7.5 puntos, de igual forma si se compara con las cifras de hace una década, el salto es aún más notorio: en 2015, apenas el 61.4 % de la población usaba internet.
Es inevitable que la vida cotidiana se desarrolle cada vez más en la digitalidad. Es cierto que un amplio porcentaje de mexicanos mantiene por diversas razones, costumbres heredadas de la época análoga, por ejemplo, el apego a los medios de comunicación convencionales —TV, radio—, el uso de efectivo o moneda fraccionaria para distintas transacciones comerciales básicas, incluso al nivel de servicios —la banca o trámites de carácter gubernamental— persiste una transición tecnológica a un ritmo continuo pero no acelerado; no obstante la desigualdad o los altos niveles de marginación, el avance técnico son patentes y continuos.
Hay actividades esencialmente digitales que avasallan la vida cotidiana, como el uso de redes sociales, sean estas para comunicar o entretener; sobresalen las búsquedas de información o los esquemas de capacitación o educación a distancia. Entre 2023 y 2024, el uso de internet para comprar productos y servicios, o realizar pagos y operaciones bancarias en línea, aumentó de manera sostenida.
LOS ALTOS RIESGOS
Las actividades digitales están sujetas a modas o a la disponibilidad de recursos para consumir determinados productos —como el uso de softwares, servicios en la nube o aplicaciones—. Tras la pandemia de COVID-19 nuestros hábitos digitales se han diversificado en todos los ámbitos, con ello los riesgos se han potencializado.
Con el surgimiento de la Inteligencia Artificial (I.A.), se han creado nuevos tipos de fraude, robos de identidad, campañas de desinformación, exclusión social y violencia de género; por supuesto la operatividad misma de los sectores productivos, financieros o gubernamentales, se encuentran expuestos a alteraciones y parálisis que competen a la integridad del Estado mismo, sus áreas de seguridad e inteligencia.
Pues, así como la vida cotidiana se adapta a circunstancias tecnológicas inéditas, la criminalidad opera en consecuencia, aprovecha nuevas complicidades, vacíos, omisiones flagrantes o la ignorancia que se desata al amparo de la innovación tecnológica.
El futuro —fundamental e irremediablemente digital— es cada vez más predecible, lo cual implica responsabilidades cuando hablamos del país. Ahora mismo, el grupo que más utiliza internet, es la población de 18 a 24 años; las generaciones que nacen en este momento, son las primeras que crecerán con la presencia de la I.A., como una realidad común.
RESPONSABILIDADES DE LAS FUERZAS ARMADAS
Ante este panorama, un país independiente con importancia geopolítica y una vida institucional convulsa en plena mutación, resulta indispensable crear, así como mantener una estructura digital sólida en constante actualización de sus sistemas cibernéticos, así también de I.A., enfocados íntegramente a la Seguridad Nacional.
No debiera considerarse un objetivo ulterior para México en este momento, ya que éste es la premisa para alcanzar el éxito en todas las tareas encomendadas a las Fuerzas Armadas.
El mundo está cambiando de forma radical, las guerras del futuro serán cibernéticas, sin dejar de lado los riesgos nucleares o los conflictos localizados como el de Ucrania, Rusia, Israel e Irán.
Puede parecer que el contexto global no incide en la actualidad de México, pero sería un error omitir tanto la importancia social como estratégica del mundo digital, así como las aplicaciones relacionadas de la I.A., la cual, debe ser el coadyuvante tanto de la Seguridad Nacional como de la Seguridad Pública, mediante el empleo legal y asertivo de herramientas de prevención y control, basada en un sistema robusto de inteligencia que permita una rápida reacción ante las numerosas amenazas del crimen organizado, como resguardo de las costas, control de fronteras, lo mismo que el mapeo del territorio nacional para identificar áreas críticas.
México se encuentra rezagado tanto en política digital como en I.A., debido a que la multiplicidad de actividades y recursos de las Fuerzas Armada, se encaminan hacia acciones que no son materia propiamente de Defensa Nacional.
De acuerdo con el Global AI Ethics and Governance Observatory de la Unesco, nuestro país aún no cuenta con una estrategia nacional relativa a la I.A., por lo que enfrenta desafíos significativos en su desarrollo e implementación.
Su uso en empresas privadas es bajo en comparación con otros países latinoamericanos, presenta 12.5 puntos en el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, mientras que el promedio regional oscila en los 25 puntos, en suma, la producción científica en la materia es baja en comparación con los estándares internacionales.
Según el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, la producción científica en la materia sigue siendo baja si se compara con los estándares internacionales. A ello se suma una limitada inversión en investigación y desarrollo. En México, el gasto total —público y privado— representó apenas el 0.28 % del PIB en 2021, por debajo del promedio regional de 0.56 % para América Latina y el Caribe, y muy lejos del 2.72 % que alcanzan en promedio los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
México no puede quedarse atrás. Este escenario obligar al Estado a reconocer con urgencia las necesidades tecnológicas más apremiantes y a destinar un presupuesto específico para atenderlas. El aprovechamiento asi como regulación de la I.A., debe asumirse como una prioridad nacional, particularmente para las Fuerzas Armadas y el cumplimiento de su misión constitucional.