Hablar de las finanzas públicas nos remite, de manera natural, a la cuestión del Estado. Un Estado social, desarrollista, de derecho y derechos que, al tiempo que está comprometido con el conjunto de la sociedad, sabe leer y atender las exigencias de una época que, como la que vivimos, está marcada por los cambios bruscos, sin sentidos claros, en cuanto a objetivos mayores, planetarios.

El crecimiento económico, en los años recientes, ha sido socialmente insatisfactorio, como lo muestran los bajos porcentajes de empleos, buenos y bien pagados a los que pueden acceder los jóvenes y los adultos jóvenes.  Asimismo, ha sido insuficiente para dar sustento a una evolución productiva estrictamente vinculada con las exigencias de compensación y redistribución sociales que emanan del discurso político triunfante y de la propia tradición discursiva del México que se conformó una vez concluida la fase armada de la Revolución.

La cuestión financiera del Estado ha estado subordinada, ya desde hace varias decadas, a las exigencias estabilizadoras de corto plazo, que tienden a ser miopes y, de mantenerse, resulta nociva para la propia reproducción de la economía y del mismo Estado. De aquí la insistencia de recuperar el ritmo del crecimiento y, desde luego, la cuestión de las finanzas del Estado que, obligadamente, deben verse como asunto de seguridad nacional y de extrema urgencia, porque de su evolución, o involución, dependen las capacidades mínimas de reproducción de la formación social y del Estado nacional.

La evolución económica registrada en los años recientes, aunque no sólo, ha estado marcada por carencias e insuficiencias,  que apunta a mantener unos ritmos centrados en una especie de “reproducción simple” que, de seguir sin recibir adecuada atención de las instancias encargadas, amenaza no sólo con agotar los recursos creados y mantenidos a lo largo de la centuria pasada sino sin tener a la mano fuentes de una recuperación ampliada de la economía y, sobre todo, de la existencia social. 

La de las finanzas públicas es una cuestión que señala, sin concesiones, las insuficiencias de los diferentes gobiernos que se han unificado —y fortificado— por su aversión a las reformas, en primer término la hacendaria. La necedad, por cierto, viene de lejos. En los años sesenta Antonio Ortiz Mena, secretario de Hacienda, solicitó al economista Nicholas Kaldor la elaboración de un estudio sobre la cuestión fiscal; el informe entregado argumentaba la “necesidad urgente de una reforma radical y general del sistema impositivo de México por dos razones fundamentales”; la primera señalaba que los ingresos corrientes, provenientes de los impuestos, resultaban inadecuados para las necesidades de una comunidad con un rápido crecimiento poblacional y necesidad de desarrollo acelerado y, la segunda advertía la constante amenaza que la desigualdad significa para el edificio social y la política misma (Cfr., Obras escogidas de Víctor L. Urquidi. El fracaso de la reforma fiscal de 1961, selección y ensayo introductorio de Luis Aboites Aguilar y Mónica Unda Gutiérrez, México, El Colegio de México, 2011).

Así, la reforma fiscal ha sido una y otras vez postergada so pretexto de conservar las estabilidades políticas (alcanzadas en la transición democrática) y unas variables económico-financieras que han dependido, en una importante medida, del  nocivo mecanismo de austeridad, una “política” que ha significado la retracción del Estado como articulador del proceso político económico nacional, el mantenimiento de índices inaceptables de pobreza y desigualdad y el agotamiento de los resortes del mismo Estado para poder compensar las deficiencias del capitalismo pero, sobre todo, las de la propia reproducción social al afectarse los tejidos primordiales para la reproducción y el mantenimiento de la formación social en su conjunto.

Nos acercamos así a una coyuntura que articula insuficiencias de la economía con carencias estructurales, que reclama atención particular y explícita de lo que queda de los aparatos estatales. Y es, hay que subrayar, en esta coyuntura que puede revalorarse el papel del Estado en la reproducción social y del desarrollo económico, asumiendo su esencia política indeclinable y la urgencia de abrir un momento de deliberación nacional. 

Asumir la urgencia y la emergencia de recuperar el crecimiento y de abordar una cuestión social que crece con los días y acumula potencialidades de inestabilidad y negación de la democracia y de su orden, no esseñalamiento gratuito ni crítica apresurada. Basta dar seguimiento a los raquíticos porcentajes con los que la economía se sostiene, así como el crecimiento de los trabajos precarios y el cada vez mayor desgaste y falta de atención y de inversión a la infraestructura física y también humana.

Si frente a las múltiples necesidades no satisfechas la “opción” sigue siendo el camino medroso de la austeridad y la mejora en la recaudación frente al aumento permanente de requerimientos de gasto público, cada vez será más difícil de sostener las finanzas públicas

Seguimos sin querer admitir que la salida a nuestra situación está en crecer económicamente, generar los empleos requeridos y contar con recursos suficientes derivados de una reforma tributaria; una reforma hacendaria redistributiva, que contenga mecanismos de contención y transparencia del dinero público.

Necesitamos contar, lo repito, con un Estado social, desarrollista, de derecho y derechos, capaz de articular la miríada de intereses que conforman la economía y que promueva la inversión pública y privada. Dejar de seguir sujetos y sometidos a unos extravagantes criterios de austeridad que constriñen al Estado y su dañado sector público.

Optar por el sigilo cuando se abordan las cuestiones de la producción, la acumulación y su reparto nunca ha sido buena práctica, menos ahora cuando el rompimiento de reglas y la incertidumbre niegan las hasta ayer normas conocidas.